Domingo, 26 de Mayo de 2019

Una maquiavélica novela sustentada por jueces y ministros de la justicia

La maquiavélica novela atribuida a Gumercindo Aguilar estaba diseñada para involucrar a los miembros más prominentes del oviedismo, del gobierno de Raúl Cubas y al fin de cuentas a todo opositor al Gobierno con cierta influencia.

Era tan burdo el relato de Aguilar -asalariado entonces del Palacio de Gobierno- que en un momento dado dice que cuando se planificaba supuestamente el atentado en la casa de Nara, escuchó decir a uno de los presentes que el comandante de la Policía Nacional Niño Trinidad Ruiz Díaz ‘‘hace decir que brindará todo el apoyo para esta operación’’ y que Pappalardo pagó 10 millones de dólares al dueño de casa para el atentado. 

La historia firmada por el delincuente, considerado de poca monta, involucró además a Miguel Berni y Meneleo Núñez, entonces agentes de la Dirección de Narcóticos (Dinar). 

Dijo que personalmente fue a buscar a un sicario brasileño de nombre Sergio da Silva de Oliveira, radicado en Dourados (Brasil), para ejecutar el crimen con Nara, y precisó que acompañó a ambos hasta la terminal de Pedro Juan Caballero para tomar el micro que los traería a Asunción, con el dinero (que debería caber como mínimo en siete valijas grandes), a ‘‘liquidar el pleito’’ Argaña. 

Sostiene, sin embargo, que la tarde del crimen, el martes 23, se encuentra de nuevo con el tal Oliveira en lo del ‘‘empresario’’ de frontera para cobrar un adelanto de 20.000 dólares. 

INVOLUCRÓ A DOS MUERTOS 

Dice más adelante que al día siguiente volvió al domicilio de Nara y que este no se encontraba y que su señora le dijo ‘‘que había viajado de nuevo’’. 

Involucró después a un oviedista, de nombre Francisco Isasi, como el propietario de la casa donde supuestamente pernoctaron en Asunción y a Luis López, presidente del movimiento Unace de Santa Elena (Cordillera) como el proveedor de la chapa del Fiat Tempra. 

Finalmente, dijo que, ‘‘arrepentido’’ tras saber lo que pasó con Argaña, por su cuenta viajó a Asunción para contar su experiencia a Francisco de Vargas, a quien dijo conocer, aunque apuntó: ‘‘Fue el general Evelio Benítez el que me contactó’’. 

Mala suerte para los que pretendían sustentar esta historia: Nara estaba de duelo. La esposa había fallecido el 17 de marzo de ese año ’99, exactamente una semana antes del crimen, en Campo Grande, Brasil, y enterrada al día siguiente en Pedro Juan Caballero.

El brasileño mencionado como uno de los matadores, el tal Oliveira, había fallecido cinco años antes. 

La providencia dictada por el juez Jorge Bogarín, a foja 71, minutos antes de la declaración de Aguilar estaba escrita en computadora y la testifical (del testigo farsante) en una máquina de escribir. Tiempo después, Francisco Evelio Alvarez, allegado de Aguilar que lo acompañó desde el primer momento en sus contactos con las autoridades, dijo que este firmó su declaración en el diario Noticias. 

Aguilar Giménez, que hoy tendría 46 años, registraba en ese momento tres antecedentes penales: dos por robo de vehículo, en 1996 y 1997, y uno por abuso de confianza, en 1997. Inclusive ya había aparecido en publicaciones de prensa, luego de ser capturado, disfrazado de policía, para ejecutar sus golpes. 

CENSURA A ABC 

El acceso de nuestro diario al expediente Argaña, mantenido en secreto hasta ese entonces (mayo ’99) por las autoridades judiciales -así como los familiares y allegados mantenían en secreto detalles de la autopsia y las circunstancias de la muerte del vicepresidente- desconcertó, irritó y desesperó a los inventores de la novela. 

El 13 de mayo de 1999, el juez Bogarín pidió en carácter de urgencia al mandamás de la Corte, Wildo Rienzi (compueblano de Galaverna), que parara las publicaciones de ABC, ‘‘específicamente las relacionadas con los datos personales, nombres y fotos de los testigos del caso. Este hecho, señor presidente, pone en serio riesgo la vida, integridad física de estas personas y sus familias’’. 

Al día siguiente, nuestro director fue procesado por el juez del crimen Hugo López por la presunta comisión de los hechos punibles de ‘‘frustración de la persecución y ejecución penal en grado de tentativa’’, específicamente por poner en riesgo supuestamente ‘‘la vida de los testigos’’ del caso Argaña; en realidad, por ventilar el fraude montado con la declaración de Aguilar Giménez. 

La excusa de López en su resolución era que ‘‘sin apartarse de los preceptos constitucionales de la libertad de prensa y del derecho a la información, el Estado debe garantizar ante todo el derecho genérico de todo ser humano, que es el derecho a la vida...’’. 

Otra denuncia había sido presentada antes por el ministro de la Corte Luis Lezcano Claude y la fiscala Teresa de Daniel. 

Sin embargo, los nuevos detentadores de poder ni se inmutaban por las publicaciones, audiciones y espacios televisivos de la prensa oficialista, que monopolizaba los medios de comunicación y no cesaba ni un día de calificar como asesinos o cómplices a decenas de inocentes. 

Galaverna, una de las cabezas visibles del estado represivo que se instaló en el ’99 -hoy candidato a tercer senador por la fórmula de Nicanor Duarte Frutos- vociferaba con toda impunidad: ‘‘Zuccolillo, Oviedo y Pappalardo fueron cómplices en todo (el atentado)’’. 

Su colega wasmosista De Vargas subrayaba que ‘‘ABC está en una abierta campaña de tergiversación’’, mientras que el encuentrista Rafael Filizzola abonaba: ‘‘ABC actúa de una manera irresponsable y de la mano de Aldo Zuccolillo, que se declaró públicamente oviedista, está poniendo en serio riesgo la vida de los testigos...’’ 

(Continuará...)

Hugo Ruiz Olazar
Publicado en el Diario ABC Color
Martes, 1 de abril del 2003