Domingo, 26 de Mayo de 2019
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Llevados a la Plaza para morir, hace 11 años

Aunque con menos parafernalia y concurrencia que antes, los cada vez más escasos sostenedores de la “historia oficial” de la muerte del vicepresidente Luis María Argaña y de la Masacre en la Plaza, recordaron los trágicos sucesos ocurridos hace 11 años y que provocaron la caída de Raúl Cubas. Los organizadores, que tradicionalmente contaban con el apoyo del hoy agonizante argañismo, esta vez recibieron un llamativo patrocinio del sector izquierdista del Gobierno.

Como en anteriores ocasiones, pese a las sentencias judiciales cuyos expedientes fueron formados cuando el argañismo y el llamado “gobierno de unidad nacional” manejaban a su antojo los tres poderes del Estado, los organizadores reclamaron “justicia” apuntando sistemáticamente sus culpabilidades sobre el grupo político que ayudaron a derribar y a perseguir con saña durante el gobierno de facto de Luis González Macchi, posiblemente con un nuevo interés político de por medio.    

Ellos ignoran olímpicamente las declaraciones de testigos y protagonistas de aquellos asesinatos, que aseguran que se disparó con fusiles de guerra desde los techos del propio Congreso.    

Curiosamente hoy tratan de resucitar la “historia oficial” y, para tener algún basamento, acusan a la justicia –que les favoreció durante casi una década– de “vendida”, por haber liberado a varias decenas de inocentes que fueron detenidos y procesados como chivos expiatorios, durante los tenebrosos años del vergonzoso “gobierno de unidad nacional”.

Los testigos principales de aquella tragedia aseguran que los criminales que perpetraron la masacre –más conocidos como francotiradores– se encontraban parapetados en los techos del Senado y del ex Colegio Militar, hoy sede principal del Congreso.    

Fiscales y jueces –en aquellos años visiblemente parciales al argañismo y al régimen que se instaló a la fuerza– nunca llamaron a declarar a los que fueron individualizados por algunos testigos.

Se trata de los generales alineados entonces al wasmosismo Evelio Benítez, Carlos Ayala, Eugenio Morel Garay, mayor Oscar Elías, el policía Juan Carlos  Ocholavski (hoy condenado por homicidio), entre otros, mencionados en varias oportunidades por los testigos.    

Hay una declaración, muy pocas veces destacada: la del entonces intendente de Asunción Martín Burt. En sus declaraciones afirma que al día siguiente de la matanza, sábado 27 de marzo de 1999, cuando se hizo la limpieza de la plaza, los funcionarios municipales cargaron una inmensa cantidad de vainillas percutidas, frente al edificio del Cabildo.    

No hay en todo el expediente del Caso Plaza ni una sola prueba de hallazgos de vainillas percutidas de arma de fuego en la terraza del Zodiac, el edificio señalado por los que perpetraron el sangriento golpe contra Cubas como el refugio de los francotiradores.

La médica  Ana Antúnez dijo que  hubo aproximadamente 800 heridos de bala. Quiere decir que por lo menos se debieron haber recogido dos o tres carretillas de restos de proyectiles. Todas las vainillas (muchísimas  de fusil M-16) desaparecieron.    
    
Los heridos de bala Luciano Cáceres y Luis Ditrani, el primero con rastros de 7 proyectiles en el cuerpo, el segundo con varios menos, reconocieron en declaración bajo fe de juramento –con más detalles en entrevistas publicadas por  ABC– que los impactos que penetraron en sus cuerpos provinieron de los techos del Congreso.    

Los procesados por la matanza, que salieron finalmente indemnes, para probar su inocencia, reclamaron en vano que los cuerpos de los siete muertos sean exhumados y sometidos a  autopsia para conocer los tipos de proyectiles que les provocaron la muerte.   

Misteriosamente, los dueños de la situación no permitieron la exhumación. Los “jóvenes de la resistencia” contra el gobierno: Mario Ramírez, Marcelo Paz Ibáñez, Luciano Cáceres, Pablo Cuevas, Luis Ditrani, entre otros, declararon que Henry Díaz Bernal, hijo de la conocida activista Gladys Bernal, murió en brazos de Mario Ramírez, en Alberdi y Presidente Franco.    Ramírez asegura que la bala le ingresó en la nuca cuando enfrentaba a los oviedistas,  de espaldas al Senado, por lo que deduce que el proyectil provino del Cabildo.    

Los investigadores judiciales nunca llamaron a declarar a los ex senadores Elba Recalde y Cándido Vera Bejarano, quienes también aseguraron –en  plenaria de la cámara– que los francotiradores estaban en los techos del Congreso.

Hugo Ruiz Olazar
Publicado en el Diario ABC Color
Sábado, 27 de marzo de 2010