Sábado, 23 de Febrero de 2019
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Cerrar sin más trámite las facultades truchas, plantean

“Cualquiera es un señor...”, como el tango de Discépolo, por unos cuantos millones, es lo que se acaba de descubrir con el escándalo de un instituto que ofrecía títulos de enfermería en 48 horas. La senadora Blanca Ovelar, exministra y experta en educación pública, relata en esta entrevista la realidad de este negociado de la educación superior que arroja pingües ganancias con la complicidad de parlamentarios. Estos aprobaban leyes de acuerdo al formato que requerían los propietarios de estos establecimientos.

–¿De qué se trata el escándalo que surgió en ese instituto de enseñanza que vendía títulos de enfermería?

–Hubo flagrancia allí. Se procedió a la captura de los dueños. En 48 horas le daban el título, la licenciatura en Enfermería a la que estaba dispuesto a pagar poco menos de 10 millones de guaraníes. Tenemos denuncias de otras instituciones que operan igual, pero que tardan más tiempo y cobran más caro.

–En la Universidad Católica acaban de expulsar a 41 egresados por comprar notas.

–Imagínese el daño que se causa a la universidad. La diferencia es que las autoridades de la Católica intervinieron y contaron a la sociedad lo que pasó. En este caso, en Santa Librada son actos criminales. Las mismas autoridades estaban vendiendo los títulos. Con el título están habilitando a sujetos que no estudiaron para ejercer la profesión de enfermería.

–¿Cuántos estarán trabajando en la profesión?

–Si este instituto comenzó a funcionar en 2010 y tiene más de 550 egresados desde el 2012, habrá que comenzar a investigar. Sabemos que en el Ministerio de Salud están trabajando muchos.

–¿Tienen derecho a permanecer como funcionarios?

–Una ley que aprobamos el jueves y que pasó a Diputados dice: “Suspéndase los títulos en forma temporal, hasta tanto se revaliden a través de mecanismos adecuados con base en un proceso de evaluación de competencias”.

–Se sembró la duda.

–Es un escándalo. Los propietarios de estos títulos deberán pasar necesariamente por una revalidación, previa prueba de sus competencias. Es una tarea a encarar por el Ministerio de Salud, el de Educación y gente experta. Tiene que haber evaluadores externos para garantizar la validez del proceso. Imagínese, es gente habilitada para el servicio de la salud pública. Es muy grave.

–¿Dónde radica el punto flojo para la proliferación de este tipo de fábricas de títulos mau?

–Hay mucha ambigüedad en la Ley General de Educación del 98. En ese marco se dieron el caos y el crecimiento anárquico sin criterios técnicos.

–De ahí que hay diputados con siete títulos como ese “one, two, three, for..., six”...

–Bueno, este (por Portillo) era docente de universidades. No sé si después del escándalo en que estuvo envuelto sigue enseñando.

–Hasta senador “triple x” (por Galaverna) tienen ahí.

–Se aprobaron leyes sin ningún rigor. Las carreras reguladas por el Estado tienen que ser acreditadas por el Consejo Nacional de Educación Superior. Funcionaban sin acreditarse. Incluso, la agencia acreditadora fue al Parlamento y advirtió que (Santa Librada) no estaba en condiciones. Igual se le aprobó. El Parlamento aprobó cualquier cosa, admitamos. Hubo un montón de actuaciones sin rigor, por decir lo menos.

–¿Hay un cordón umbilical entre los políticos y los dueños?

–Hay un cordón umbilical. Eso es indiscutible. Solo así se puede explicar que se hayan abierto tantas instituciones de manera irresponsable.

–¿Cuántas de esas universidades hay.

–Hay 54 universidades.

–¿De cuánto tiempo a esta parte es la mayoría?

–Las de más dudosa seriedad comenzaron a funcionar en los últimos cinco años. Cuando yo estuve en el ministerio (2003-2008) ya advertíamos el surgimiento de esta clase de institutos. Incluso vetamos la creación de algunos, aunque fue en vano porque moviendo sus influencias políticas hicieron aprobar de nuevo para que operen.

–¿Cuáles?

–Me acuerdo de uno, de Educación Física. El día que vencía el veto me enteré como ministra que tenía que firmar para que opere a nivel universitario. Era la misma institución que tres meses antes yo había rechazado para que opere como instituto no universitario. Hay que aclarar que la habilitación de instituciones terciarias está a cargo del MEC. Las universitarias tienen que ser creadas por ley del Congreso. El dueño del instituto no era universitario, entonces los legisladores hicieron la ley a su medida.

–A la medida del cliente.

–Decía uno de sus artículos: “para ejercer en el instituto xx se requiere el título de licenciado, salvo casos que, por los notorios conocimientos, una persona no egresada universitaria puede ejercer la docencia”.

–¿Por qué ese detalle “salvo casos que...”?

–Porque el dueño pidió así, porque no era universitario y quería enseñar en su instituto. Es una pequeña muestra de las calamidades que se cometieron.

–Aprobaban por sus influencias políticas.

–Aquella ley me presentaron una noche. Al día siguiente, bien temprano me presenté en Mburuvicha Róga para hablar con el Presidente. Me dijeron ahí que había viajado a Ciudad del Este para unos actos. Tenía tiempo hasta las tres de la tarde para vetar. En mi desesperación llamé al comandante de la Fuerza Aérea. Le pedí un avión. Fui con mi decreto borrador a Ciudad del Este. Le interrumpí al Presidente entre sus actos de inauguración y de audiencias y le dije que teníamos que vetar la ley. Me decía: “esperame”. Así, le esperé hasta la una, las dos de la tarde.

–¿Por qué tardó en firmar?

–Porque también recibía llamados de la otra parte para convencerlo diciéndole “ese es nuestro amigo” y cosas así. No se sorprenda, así funciona esto. Ante el imperativo de la razón, el Presidente aceptó. Tomé el avión de regreso y llegué a tiempo para vetar la ley. Pero un año después, cuando ya no estaba en el ministerio, ese instituto estaba funcionando tranquilamente.

–Con el siguiente gobierno (de Lugo), (Luis) Riart era el ministro.

–El ministro no tiene responsabilidad en la creación. Máximo lo que puede es pedir que se vete como el caso que yo conocí bien y que conseguí hacer vetar. Estos institutos fueron proliferando como hongos silenciosamente.

–Como en un purgatorio.

–Encontraron una veta. Cada instituto se crea por ley. Una ley dice por ejemplo: “ofrecerá cursos de grado y de maestría”. Otro posgrado por lo visto no se puede. solo maestría...

–Deben tener más ingreso que las universidades.

–Es un pingüe negocio... Tengo conmigo una nota que me llegó de la Asociación de Egresados Brasileños del Extranjero. Me piden una reunión en la Comisión de Educación. Quieren tratar el caso de las universidades de Pedro Juan Caballero. Hay cinco facultades de Medicina en una ciudad que no tiene 100.000 habitantes. Tiene un solo hospital. Ni siquiera tiene capacidad de cubrir las cinco especialidades básicas.

–¿Para captar brasileños?

–Están creadas por ley también. El 90% de los estudiantes son brasileros; altas cuotas, sin condiciones mínimas, no hay morgue ni especialización. Es un negocio o una estafa directamente. ¡Se metieron con carreras ligadas a la vida!

–Un peligro.

–Uno puede imaginarse el daño que podrían causar. Al médico, al paramédico se le entrena para salvar la vida del paciente. Hay una de nombre Universidad Sudamericana. Está ligada de alguna forma a Santa Librada. Hay ramificaciones con otras carreras como la de Derecho. Lo llamativo es que vemos jueces, fiscales asociados a ellos. La característica es la absoluta ausencia de rigor.

–¿Qué plantea usted?

–Se tiene que revisar su funcionamiento y se tienen que cerrar para que el sistema se depure. No estoy en contra de las privadas. Hay varias que procuran, pero tenemos que frenar la distorsión.

–El negocio está en el Congreso.

–Sí.

–Hay parlamentarios con universidades.

–Sí hay. A mí no me quiere el diputado Víctor Ríos. Dice que le persigo por la Universidad de Pilar.

–Siempre se habla de esa universidad.

–Hay denuncias muy graves que ya remitimos al Consejo Nacional de Educación Superior. Lo más grave es la politización, la partidización, el uso de ese establecimiento como un feudo político del rector.

–El diputado es el rector.

–Sí y ese cargo es incompatible con su función de diputado. La Constitución prohíbe. Él puede ser docente, pero no administrar una institución como está haciendo. Por otra parte, en esa universidad gozan de altos salarios bajo el rubro de “profesores investigadores”, cuyos resultados académicos no se apiadan en lo más elemental de una investigación. El rector percibe 38 millones por mes y suscribe la planilla como supuesto catedrático. Es sabido que ejerciendo el máximo de las cátedras permitidas, que son siete, no puede llegar a ese monto. El dato está en el buscador de persona de ABC Digital.

–¿Nadie controla eso?

–Las universidades son autónomas. Establece sus estatutos y su forma de gobierno.

–Se aprovechan del rótulo.

–Esta disposición no quiere decir que es un estado dentro del Estado paraguayo. Los estatutos deben estar sometidos a las demás leyes superiores del país y sin violar la ley madre que es la Constitución. Yo ya le dije que él no puede ser rector y diputado al mismo tiempo. Y bueno, se defiende atacando. Dice que es persecución política. Hasta le recusó al padre Montero Tirado y a otras personas respetables que estaban dispuestos a evaluar la Universidad de Pilar. Es llamativo. Tiene una cooptación total a periodistas, fiscales, jueces, personas que forman opinión. Tiene mucho poder y mucho dinero.

12 DE OCTUBRE DE 2014.