Domingo, 26 de Mayo de 2019
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Elogian nueva ley para combatir a corruptos

Fernando Cossich, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid Paraguay), afirma que la ciudadanía está en el mejor momento para transparentar la administración del Estado. Asegura en esta entrevista que la nueva ley de acceso a la información pública es una herramienta formidable para combatir a los corruptos.

–¿De dónde viene Fernando Cossich?

–Yo soy del estado de Florida. Antes de venir a Paraguay estuve asignado a la oficina regional de Peshawar (Pakistán)...

–En la frontera con Afganistán...

–Exactamente. Allá se atiende el rango completo: salud, educación, infraestructura, todo lo que es desarrollo económico de la región. La idea es estabilizar la violencia a través de programas de desarrollo, dándoles alternativas a la gente.

–Una región con mucho riesgo para la vida...

–Desafortunadamente, el riesgo es bastante alto. En general trabajamos dentro de un alto nivel de seguridad.

–Ahora en Paraguay, en un ambiente muy distinto.

–Realmente. Al momento de llegar, en octubre, se dio el fallo de la Corte cuando se declaró que el acceso a la información pública es un derecho humano. Fue un gran logro en pro de la democracia.

–¿En qué contribuyó Usaid en ese proceso?

–Según nuestros archivos, son 18 años apoyando los planes de transparencia, no necesariamente la ley, que es uno de los pilares de la democracia. Hemos venido apoyando a grupos impulsores, onegés, para mantener un diálogo fluido con el Gobierno para hacer la información más transparente. Como cooperantes del Gobierno de EE.UU., apoyamos las iniciativas del Gobierno de Paraguay. Paraguayos haciendo cambios por el bien de Paraguay. Este es el mejor momento para que los ciudadanos participen para trasparentar las actividades del Gobierno.

–La ciudadanía está harta de manejos turbios. ¿Qué garantía hay de que no va a ser una ley ornamental para colgar por la pared?

–La ley está vigente ahora. La mejor garantía de aplicación es la participación ciudadana. Cualquiera puede pedir información sobre los gastos del Estado, contrataciones, salarios, fondos de Fonacide...

–¿Tiene obligación de contestar el Gobierno?

–Con el tiempo puede haber pedidos de información cada vez más difíciles de contestar... Con el tiempo se sabrá qué tipo de información es lo que el Gobierno está dispuesto a contestar.

–¿Y si no contesta?

–Es importante el diálogo para eso. En el momento en que se detecta y se comprueba algún tipo de corrupción, y el caso va al sistema judicial, también ese es el momento en que debe haber un fallo ejemplar. El protagonismo de los fiscales y jueces es fundamental. La importancia de esta ley es que acerca al pueblo al Gobierno. Ya conocimos la fuerza que ejerce contra la corrupción la ventilación de los casos, como ocurrió cuando se divulgaron las planillas de funcionarios, sus salarios, los parientes. El decreto que reglamenta la implementación de la ley se firmó (el 18 de setiembre). El pueblo puede empezar a hacer pedidos reales. Paraguay es el país número 100 en el mundo que suscribe una ley de este tipo...

–En Guatemala fue sorprendente cómo cayeron el Presidente y su vicepresidenta por hechos de corrupción, y que la caída no degeneró en violencia...

–No hay necesidad de violencia cuando el sistema democrático funciona y la sociedad es consciente de sus derechos. El acceso a la información pública es una herramienta para comprobar con datos verídicos las denuncias. Es un gran logro su vigencia en Paraguay. Estamos seguros de que el Paraguay va a crecer más rápidamente a nivel departamental, municipal cuando los funcionarios sepan cuidar mejor las contribuciones de sus habitantes.

–¿Cualquiera puede pedir información?

–Un padre de familia puede preguntar hasta por la merienda escolar de su hijo si quiere. Si la información no está disponible, puede hacer una solicitud. Puede pedir información sobre el gasto público en salud en el hospital regional de su jurisdicción, o sobre proyectos de infraestructura, empresas que han sido contratadas... Puede pedir información al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial...

–¿Y los municipios? Dicen que es donde más se evade...

–Son los que más información deberían proporcionar para vigilar que no se están desviando los fondos. El acceso a la información pública está a mano. Las personas pueden preguntar en cualquier lugar del Paraguay. Ahora van a comprobar qué nivel de transparencia tiene el Gobierno...

–¿Y contra el nepotismo no hace falta otra ley?

–Desde el 2013 se comenzaron a reglamentar sanciones contra el nepotismo, después de conocerse aquellas planillas de funcionarios y salarios. Se impulsó la profesionalización. Se llama a concurso para contratar funcionarios...

–No se creía mucho en esos llamados a concurso.

–Es porque antes no había transparencia. A eso contribuyó la apatía de la población. La idea ahora es incentivar a la participación. Nosotros contribuimos para formar el portal de acceso a la información de la Secretaría de la Función Pública y Paraguay Concursa. Para nosotros, Paraguay es un aliado estratégico y vemos que hay una apreciación por el apoyo que viene del Gobierno de Estados Unidos. No solo recibimos una gran colaboración sino el tipo de reformas que se dan acá son tan importantes que nos entusiasma trabajar de esta forma.

–¿Cuánta es la cooperación anual?

–Nuestro portafolio completo es de unos 50 millones de dólares, anual es de unos 8 a 10 millones de dólares, aunque a veces es un poco más o un poco menos. Hay bastantes iniciativas de este gobierno que son muy importantes. Fomentan la participación. El Gobierno abierto da credibilidad al Paraguay internacionalmente. Ahora es el momento de mostrar resultados reales.

–¿Qué otros proyectos llevan en Paraguay?

–Tenemos dos, principalmente. Uno es democracia y gobernabilidad, bajo el cual se apoya este proceso de acceso a la información y transparencia. Además, se trabaja con el servicio civil en distintas instituciones y que incluye también controles internos para fortalecer las instituciones.

El otro proyecto se llama cadenas de valor inclusivo. Esto se está trabajando en cuatro departamentos de la zona norte: Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay, con 20.000 productores. Se trata de asociarlos y mejorar la productividad agrícola. La idea es mejorar el ingreso de estas familias y que no solo salgan de la pobreza sino que tengan ingresos, que puedan participar en sus comunidades.

Además de estos dos principales tenemos un proyecto que se llama “Inclusión efectiva”. A través de una fundación trabajamos con distintos grupos para inclusión en el sistema educativo, laboral e inclusión de personas con discapacidad en el sistema de sufragio, para prepararlos para las elecciones.

–Ese proyecto en la Zona Roja, qué tiempo lleva...

–Comenzó el proyecto en octubre de 2013. Está implementado por Fecoprod (la Federación de Cooperativas de Producción). Hay oficinas en cada una de las capitales departamentales.

Queremos continuar apoyando los cambios que se están dando. Estamos a punto de tener una inversión adicional este año de cuatro millones de dólares, que se van a usar en una alianza entre oenegés y el sector productivo para apoyar el sector ganadero y sojero a fin de incrementar la producción sin dañar el medio ambiente.

–Usaid no tiene acceso a algunos países de Sudamérica: Ecuador, Bolivia, Venezuela, los países llamados bolivarianos. ¿Es así?

–En Ecuador y Bolivia ya no tenemos programas...

–¿Se los echó?

–El Gobierno no quiere ayuda de Estados Unidos..

–¿De qué los acusan?

–No hay acusaciones. El Gobierno no está de acuerdo con recibir ayuda del Gobierno de Estados Unidos.

28 DE SETIEMBRE DE 2015.