Jueves, 13 de Diciembre de 2018
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Para despenalizar la marihuana, Paraguay debe elegir su propio camino

El sociólogo Julio Calzada es el padre de la despenalización de la marihuana en Uruguay. En esta entrevista, en un paréntesis de un foro sobre el futuro de la política de drogas, el experto hace hincapié en que la ley uruguaya está pensada para un país importador. En cambio, advierte que si Paraguay pretende una normativa parecida debe encararla desde la perspectiva de país exportador de marihuana.

–¿Por qué lo eligieron a usted para liderar el proceso?

–Se planteó mi nombre y me eligieron. Yo he trabajado muchos años vinculado a este tema desde el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, del trabajo social, con poblaciones usuarias de drogas, en lo que tiene que ver con la reducción de riesgos y daños.

–¿Cuál es su posición?

–Las personas que consumen droga ni por un acto de magia van a dejar de consumir. Entonces, la misión del Estado es buscar que el daño sea el menor posible, igual que con el alcohol.

–¿Qué determinó al gobierno legalizar la marihuana?

–Nosotros no lo llamamos así. Nunca hablamos de legalización. Por general se confunde la palabra legalización con la idea de la liberalización del mercado de la droga.

–Es lo que cualquiera se imagina enseguida.

–No se trata de eso. El camino que Uruguay tomó es el camino de la regulación del mercado. Significa establecer, con una fuerte presencia del Estado, cierto tipo de condiciones para los diferentes eslabones de ese mercado: la plantación, la producción, distribución, la dispensación a los usuarios, incluso qué tipo de usuarios pueden acceder a la marihuana.

–¿Cómo participa el Estado?

–El Estado interviene en toda la cadena de producción. Para consumir marihuana, las personas pueden asociarse y formar un club de consumidores. Ese club debe tener un mínimo de 15 y un máximo de 45 miembros. Tiene que declarar el lugar donde tiene la plantación para que se le inspeccione. La persona que planta se tiene que registrar y puede tener hasta 99 plantas. El autocultivo está regulado. Se permite hasta seis plantas por núcleo familiar.

–¿Dónde hay que registrarse?

–Se creó un instituto, de Regulación y Control de Canabis, que es el que regula todas las formas de uso: los usos recreativos como estos que se asocian en clubes o en usos medicinales.

El tercer elemento para poder consumir marihuana tiene que ver con la distribución por el sistema de farmacias. El estado entrega licencias a los productores. Estos no producen para un mercado abierto, sino para uno cerrado, compuesto por los usuarios que se registran y que están dispuestos a retirar la marihuana de una farmacia. Hace 20 días se entregaron dos licencias para producción. Estas empresas se comprometen a invertir alrededor del millón y medio de dólares para producir.

–¿Dónde plantan?

–En un predio proporcionado por el Estado bajo determinadas condiciones sanitarias. Es un mercado totalmente regulado.

También esta institución de Regulación y Control habilita que, por ejemplo, se hagan investigaciones a nivel académico.

–¿Cuál fue el fundamento para hacer esta ley que sorprendió al mundo?

–Se dio una situación política muy particular: un recrudecimiento de la violencia, un aumento muy importante de la criminalidad, más del 50%. Empezaron a aparecer fenómenos criminales nuevos que no se veían en Uruguay como, por ejemplo, la muerte por encargo, el sicariato; lugares donde los grupos se empezaban a disputar los territorios de drogas y se hacía difícil el ingreso de los servicios. Eran fenómenos de América Central, de Colombia. Nosotros teníamos un índice de criminalidad bastante bajo, similar a Chile, Estados Unidos, Canadá. Se analizó particularmente el fenómeno económico. Estudiamos todas las experiencias que hay en el mundo: la australiana, la holandesa, la española, la norteamericana... Por ejemplo, la experiencia portuguesa es muy interesante, muy de referencia en el mundo.

–¿En cuál se basaron?

–Bueno, nos basamos en todo. El caso Holanda es el más avanzado. Todo el mundo lo conoce. Allí cualquiera puede consumir; está el de Australia que permite el autocultivo. Estudiamos el caso de Estados Unidos. Hay estados que permiten el consumo y al mismo tiempo el uso medicinal. Hay 23 estados de Estados Unidos que permiten el uso medicinal. Está el caso de Israel que permite la producción y distribución para los enfermos que lo soliciten.

–¿En Portugal?

–En Portugal, en el 2001 modificaron sustancialmente la ley de drogas y le dieron un perfil fuertemente sanitario. Despenalizaron el uso. Establecieron un sistema de atención sanitaria para aquellos usuarios que consumen en la calle. En vez de derivarlos al sistema penal, los derivan al sistema sanitario y le hacen un seguimiento.

El caso de Portugal es un caso paradigmático porque después de 15 años de aplicación tiene indicadores de haber reducido significativamente el uso de las drogas más duras, como la heroína.

–¿Por qué el énfasis en marihuana y no en otras o todas las otras drogas?

–El 90% del mercado de las drogas es marihuana. El resto es un mercado muy chiquito. Nosotros tenemos 150.000, 160.000 usuarios de marihuana en Uruguay.

–¿Ese porcentaje es una estadística general?

–En el mundo es así. Hay unos 300 y algo millones de usuarios de drogas en el mundo y 260 o 270 son usuarios de marihuana. Este 90 % del mercado mueve en Uruguay unos 40 millones de dólares al año. El 95 % es marihuana importada. Se incautaba un promedio de dos toneladas al año.

–En Paraguay es dos toneladas por semana.

–Claro. Uruguay es un mercado muy pequeño, pero nosotros veíamos que en este mercado se desarrollaban otras actividades criminales, algunas vinculadas a las drogas y otras a otro tipo de actividades criminales: el tráfico de personas, el robo y el tráfico de autos, un conjunto de actividades conexas, todas marcadas por el lavado de dinero. Lo que pretendimos fue separar estos mercados y restarle al crimen organizado una porción de este mercado, debilitarlo y hacerle que no le sea tan rentable.

–¿Hay países que están interesados en este paso que dio Uruguay para legalizar el tráfico?

–El mundo mira la experiencia con mucho interés. Por lo pronto, no tiene resultados negativos en términos de salud pública, de aumento de consumo y demás. Si logra reducir la violencia y la criminalidad, eventualmente va a ser una experiencia positiva. Entró en vigor en diciembre de 2013. La reglamentación de la ley empezó en mayo de 2014. A esta altura está funcionando en su globalidad. Falta solamente la distribución en el sistema de farmacias que se dará en cinco o seis meses a más tardar.

–No causó ningún impacto.

–No hubo cataclismo.

–No es que todo el mundo anda alucinado por Uruguay.

–No ha pasado, y eso es lo más importante.

–¿Cuáles son los primeros resultados en materia de criminalidad?

–El mundo del consumo funciona más o menos así. Hay 50.000 que consumen por lo menos una vez al año, pero hay 30.000 que consumen diariamente. De esas 30.000, el 10% ya no va a comprarle al narcotráfico. La expectativa que tenemos es que esto tenga un impacto importante en la sociedad en los próximos años.

–¿Un consumidor puede ir a la farmacia a pedir un cigarrillo de marihuana?

–No. No se va a vender en cigarrillo. Se va a vender en sachet, en frascos, porque la idea no es promover el consumo de la marihuana fumada, sino que se consuma vaporizada o bajo otra forma que sea menos riesgosa para la salud. Las personas registradas van a poder comprar 10 gramos por semana, hasta 40 gramos al mes.

–¿Esta experiencia uruguaya puede valer para Paraguay, país exportador por naturaleza?

–Lo que dijimos desde un primer momento es que la experiencia uruguaya fue pensada para el Uruguay. Nosotros miramos lo que hizo Holanda, lo que hizo Australia, lo que hizo Estados Unidos o España y Portugal para definir lo que queríamos hacer nosotros en función a nuestra realidad. Nos hemos apartado de una receta que se sigue en el mundo desde hace 50 años y que no ha logrado detener el tráfico y el consumo. Esta “guerra de las drogas” ha sido un modelo basado en el control de las sustancias y en la ley penal que se aplica de forma idéntica en China, en Canadá, Estados Unidos, en Israel, en Uruguay, en Paraguay y en Brasil, etc. cuando tenemos realidades significativamente diferentes.

Hoy ya tenemos tres documentos en la región que dan cuenta de cambios en la política de drogas. Está la declaración del Mercosur, la de Celac y la de Unasur que recomiendan llevar adelante políticas antidrogas desde una perspectiva de derechos humanos, de salud pública y de inclusión social.

La gran mayoría que tiene uso problemático de drogas vive en una situación endémica de exclusión.

–En Paraguay, hasta los productores de marihuana amenazan con cerrar rutas cansados de la represión.

–Los organismos internacionales recomiendan impulsar el desarrollo alternativo preventivo, porque hay un problema de inclusión social. Entonces, los productores tanto de marihuana o de coca son sectores que si no tienen alternativas económicas van a seguir plantando porque es muy rentable. Entonces, hay que implementar estrategias de desarrollo, modelos faciliten el desarrollo alternativo.

–¿Cree que Paraguay tiene que seguir la línea de su país?

–No. Nosotros lo hicimos con mucha convicción. Uruguay no es un modelo, de la misma forma que Holanda no es un modelo ni Portugal o Australia. Lo que hay son caminos que buscan desarrollar políticas sobre drogas más humanas, más abiertas y que contemplen las realidades nacionales. Y eso es lo relevante. Todas las leyes que conocemos tienen matices. Entonces, yo creo que cada país tiene que recorrer su propio camino, de acuerdo a su realidad.

No es lo mismo un país importador como Uruguay a un país exportador como puede ser eventualmente el caso de Paraguay, o como puede ser el caso de Colombia o como puede ser el caso de otros países de la región. Los países tienen que encontrar las alternativas para desarrollar políticas más humanas, que aporten a las comunidades.

18 DE OCTUBRE DE 2015.