Jueves, 13 de Diciembre de 2018
img

Nosotros ponemos los muertos, pero el consumo de droga sigue en aumento

Miguel Samper, exviceministro de Justicia del actual gobierno de Juan Manuel Santos, tuvo entre sus principales funciones atender la política de drogas, la política carcelaria y el proceso de paz con las FARC. Hijo del expresidente Ernesto Samper (1994-98), el experto, de profesión abogado, desgrana sus experiencias en el sinuoso camino para restablecer la paz en un país marcado por la violencia.


–¿Político como el padre?

–No, en lo personal pero estoy apoyando la candidata de izquierda en la Alcaldía de Bogotá. (Las elecciones son hoy).

–¿Usted fue funcionario del actual gobierno de (Juan Manuel) Santos?

–Hasta abril estuve cinco años como viceministro de Justicia. Empecé en el primer período de Santos.

–¿Su profesión?

–Abogado con maestría en derecho internacional y en derecho económico, especializado en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Singapur.

–Debe haber sido tema central la paz con la guerrilla de las FARC.

–Por supuesto. Tuve a mi cargo tres temas muy tranquilos (ironiza): política de drogas, política criminal y carcelaria (todas las cárceles) y justicia transicional.

–¿Cuál es la base para encarar temas tan espinosos?

–En materia de drogas, partimos de la base de que, no solo Colombia, nuestros países sudamericanos han puesto los muertos y han puesto los costos financieros del lavado de activos, mientras la droga se consume tranquilamente en otros países del mundo. Hemos atacado con contundencia las redes criminales, pero nada ha resultado. El consumo de sustancias sigue en aumento. El objetivo que se trazó la comunidad internacional (la ONU) de tener un mundo libre sin drogas en el 2019 es un objetivo utópico. La experiencia nos hizo concluir que deberíamos tener una política alternativa de drogas, una mano inteligente.

–¿No solo la represión?

–Hay que combatir los eslabones fuertes de la cadena criminal con toda contundencia: a los que lavan activos, a los que dirigen las operaciones de narcotráfico, pero a los eslabones débiles hay que proponerles alternativas, porque el problema del narcotráfico se ha ido convirtiendo en un esquema de segregación social. Estamos encarcelando campesinos, a personas de estratos sociales muy bajos que se meten en esto por necesidad, no por convicción.

–¿Cómo tratar el problema si los narcos son sus patrones? Tienen el dinero, el poder y las armas.

–Por años, la política de Colombia fue destruir los cultivos con aspersión aérea con glifosato o erradicación forzosa manual. El glifosato puede ser perjudicial para la salud humana. De todos modos, esta política no era sostenible. Si el Estado no interviene en forma integral: con carreteras, salud, educación y trabajo, no puede haber otra alternativa para los campesinos. Ellos quieren cambiar sus cultivos para ingresar a la legalidad.

En abril (de 2016), hay una reunión extraordinaria de la asamblea de Naciones Unidas, solo para evaluar la política de drogas a nivel mundial. Allí, Sudamérica tendrá que ir en bloque a decir. “Miren: nosotros sufrimos todas las consecuencias de esta guerra. Es hora de buscar alternativas”.

–¿Cuál es la alternativa que propone?

–La forma de prevenir no es metiendo a los consumidores a la cárcel. Es más, en la cárcel pueden aprender a consumir otras sustancias y aprender nuevas formas de delinquir. Hay que ofrecerles una salida distinta. En Colombia, hay 23.000 personas privadas de su libertad por delitos relacionados con narcotráfico. El 95% corresponde a personas que fueron sorprendidas con cantidades menores a los 500 gramos. No eran grandes capos. Eran muy posiblemente adictos. Las organizaciones criminales, cuando ven que hay alguien adicto al crack, lo que hacen es fomentarle esa adicción para que se vuelva su pequeño expendedor. Meterlos presos no conduce a desvertebrar la red criminal. Nosotros hemos estado enfocados en darle duro a los débiles y suave a los duros. La proporción debe ser al revés. Si nosotros les asestamos golpes certeros, con fuerza, con toda contundencia a los lavadores de dinero, a los que están a la cabeza de la red criminal, ahí sí vamos a tener chance de desbaratar la cadena de narcotráfico.

–¿Cómo desbaratar cuando el crimen organizado ya penetró los cimientos de las instituciones, financiando campañas?

–Es cierto, hemos tenido acusaciones de financiación de campañas políticas.

–Hasta a su padre (el expresidente 1994-98 Ernesto Samper) lo acusaron de haber sido financiado.

–Eso fue judicialmente demostrado. El gerente de la campaña de entonces (Fernando Botero Zea) ingresó esos dineros ilícitos de la campaña para robarse los dineros lícitos. Fue enjuiciado y sentenciado (a 90 meses de cárcel) por el hecho del lavado de activos y por hurto agravado. Fue una crisis política que condujo a una inestabilidad y a un proceso muy complicado hacia finales de los años noventa. Si nosotros queremos que eso no se repita, lo que tenemos que hacer es adoptar formas más inteligentes para atacar a estos bandidos y, repito, para evitar que coopten nuestro sistema político.

–¿Y dónde están los lavadores?

–Los criminólogos y la política criminal americana tienen un dicho: “Siga el dinero y va a llegar a la cabeza”. Son los dineros que ingresan de una manera subterránea a nuestra economía. Los grandes capitales de los traficantes paraguayos no están en Paraguay, ni los de los colombianos están en Colombia ni de los brasileros están en Brasil. Están afuera. Lo que tenemos que hacer es comenzar a colaborar entre todos para generar esquemas de transmisión de información financiera, porque este flagelo afecta a todos.

–El hijo de Pablo Escobar dice que el narcotráfico termina con la despenalización de la droga.

–Yo no estoy tan de acuerdo. Una legalización le dejaría al mercado rampante toda la regulación y eso podría conducir a efectos muy nocivos para la sociedad.

–¿Como qué?

–Por ejemplo, que se publicite y se incremente el consumo de sustancias. Estas sustancias no son inocuas. Hacen daño, como el alcohol o el tabaco. Lo que hay que hacer es regularlas y regularlas fuertemente.

–La gente convive sin problemas con la propaganda de tabaco y alcohol.

–Yo prohibiría todo tipo de propaganda. La verdad es que cualquier propaganda que incentive a los menores a consumir alcohol o tabaco debería ser absolutamente erradicada. Pero insisto: la lucha tiene que ser mucho más inteligente. Algo no está funcionando.

–¿Dónde se yerra?

– No es la planta a la que hay que atacar. Lo que hay que hacer es reducir la violencia asociada al narcotráfico, no que circulen hojas de coca o marihuana por el mercado. En el mercado negro, los consumidores se exponen a riesgos inimaginables. Se les vende potentes analgésicos para animales que terminan matándolos.

–¿Cuál es la razón de la permanencia por tantas décadas del movimiento guerrillero? ¿Fue por el narcotráfico?

–Las FARC, en el proceso de paz en La Habana, dijeron que van a contribuir decididamente a acabar con los bloques que están en el negocio de la droga. Ellos dicen que el narcotráfico no fue su principal objetivo cuando se conformaron como grupo subversivo.

–¿Cuál es el punto de inflexión para que la guerrilla bajara a negociar?

–La lucha frontal que emprendió el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010) debilitó militarmente a las FARC y eso condujo a que buscaran una salida negociada. También influyó el cambio de gobierno. Desde que llegó Santos buscó entablar las conversaciones.

–¿Por qué es tan radical Uribe contra el acuerdo?

–La verdad es que yo creo que él sigue representando a un sector que legítimamente prefiere la guerra a la paz.

–¿No valen sus argumentos?

–Hay que tenerlos en cuenta. Lo que él pide siempre es que no haya impunidad. En mi concepto, él confunde impunidad con cárcel, justicia con cárcel. Yo creo que hay varias formas de hacer justicia.

–¿Hay un reaseguro para esto no degenere en una en una vendetta, o se formen pandillas al estilo de las maras de El Salvador, que dicen son imparables?

–Nosotros hemos tenido procesos de desmovilización y desarme, unos más exitosos, otros menos. En los años noventa se desmovilizaron cuatro grupos guerrilleros, el principal de ellos, el M-19. Fue el que ocasionó la toma del Palacio de Justicia hacia finales de los años ochenta. En esa toma murió toda la cúpula judicial. Al M-19 se le reprocha mucho lo que hizo. El Ejército también cometió excesos durante la crisis. Al final hubo una amnistía para todos los del M-19.

Antecedentes de violencia tenemos de sobra. Si uno no está preparado con un esquema serio de justicia transicional, la violencia se puede disparar a las ciudades como es el caso de las maras. Es lo que queremos evitar haciendo un acuerdo bien sólido como el que se está negociando en La Habana.

Falta por negociar todavía las medidas de protección para que precisamente no vayan ahora a masacrar a los desmovilizados, para que no vaya a generarse un nuevo período de violencia política, porque ya no tendríamos más cartuchos para quemar y para reducir la violencia.

Se va a generar un mecanismo de protección de ellos, un proceso muy grueso, muy robusto de resocialización y reintegración a la vida civil. Es un proceso muy sólido que puede ser un ejemplo para otras latitudes.

25 DE OCTUBRE DE 2015.